Os pongo esta Carta Abierta que han escrito los sindicatos policiales y las asociaciones de Guardias Civiles al Gobierno. Yo personalmente suscribo todo lo que en esta Carta reclaman, denuncian y solicitan.
Tienen toda la razón cuando se quejan de que sólo los recordamos en momentos tristes con la muerte de alguno de ellos, y que no los valoramos cuando hacen su labor, un trabajo, que recordemos, además de estar mal pagado, se juegan la vida por nosotros. No tienen margen de error y en muchas ocasiones tienen que decidir en décimas de segundo.
Desde este blog, y con esta Carta Abierta, quiero dar las GRACIAS a todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y en especial a la Guardia Civil (tan odiada y tan querida) por su trabajo diario; por hacer que vivamos en tranquilidad y paz, y en algunos sitios como en Euskadi, se pueda vivir con cierta libertad. Libertad que una gentuza intenta quitarnos.
Carta abierta al Gobierno remitida por los sindicatos policiales SUP, SPP, UFP y CEP y por las asociaciones de guardias civiles AUGC y UniónGC (UGC) .
Agradecemos las muestras de apoyo cuando estamos muertos pero exigimos más respeto cuando estamos vivos.
“Hoy se celebra en el Palacio de la Moncloa un acto de reconocimiento a los miembros de las fuerzas de seguridad que murieron el pasado año durante el servicio.
En relación con estos actos y liturgias nos gustaría precisar que, si todo acto de reconocimiento es bienvenido, el sentimiento general en la Policía y Guardia Civil es de rechazo a los mismos, y en especial cuando la nutrida representación de políticos y mandos deja sin espacio a amigos y familiares de los muertos.
Nos gustaría que esos actos de apoyo que se llevan a cabo cuando estamos muertos tuvieran correlación con los actos de apoyo a nuestra tarea profesional, mejorando las garantías jurídicas, salario, jornada laboral etc., mientras desempeñamos el honroso trabajo de garantizar el ejercicio de la libertad, los derechos y la seguridad de los ciudadanos.
Como ejemplo de lo dicho tenemos un Código Penal cuyas modificaciones de 1995 suponen que un policía debe ser infalible, adoptar en segundos decisiones sobre el uso del arma, la detención, el uso de la fuerza y su proporción, a veces en situaciones de mucha tensión y riesgo, y si comete un error no existe ninguna posibilidad de modular la sanción penal atendiendo a las circunstancias, la intencionalidad o el daño causado. Las Fuerzas de Seguridad del Estado y las demás policías necesitan más garantías jurídicas en el ejercicio de su labor. Los principios jurídicos sobre los que se asentó la sentencia del Tribunal Constitucional que en 1999 excarceló a la Mesa Nacional de Herri Batasuna, por considerar que el artículo del Código Penal aplicado impedía modular la sanción lo que producía un “derroche punitivo inconstitucional” debería aplicarse a los policías y guardias civiles. Y no se hace.
Hay tantos ejemplos que basta citar el del inspector P.T.G., que por un error de interpretación tomo declaración a un conductor de autobús en Madrid como detenido tras lo cual fue puesto en libertad, sentenciando el Tribunal Supremo que dada la tipificación específica del Código Penal debía sancionar con 8 años de inhabilitación al inspector, aunque por considerar que no hubo daño (el conductor en vez de 30 minutos estuvo en comisaría 45), ni intencionalidad, que se debió a un error de valoración técnica de la prueba y que la sanción era excesiva, solicitaba el indulto total de la misma. El Gobierno respondió sancionando con un año al inspector. Y el mismo ejemplo podemos plantear de otros policías que nunca reciben el apoyo del Gobierno cuando piden el indulto por la desproporción de la pena, recibiendo siempre sanciones y condenas por actuaciones profesionales que no las merecen.
Los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado siguen hoy pagando de su bolsillo los guantes anticorte o los chalecos antitráuma, por citar dos elementos de seguridad básicos, y preferiríamos que con la dotación de estos medios materiales para protegernos se pusiera en evidencia el apoyo del Gobierno a
nuestro trabajo, porque hacerlo en actos institucionales y ante los medios de comunicación más parece buscar un resultado distinto al que se pregona.
Nos gustaría que ese apoyo se tradujera en salario. Cuando comprobamos como se está cerrando el proceso de financiación de CCAA con distintos fondos que garanticen la igualdad de los españoles en la protección de determinados servicios básicos, las policías autonómicas, adscritas y muchas locales perciben salarios entre el 20% y el 40% superiores a las de Policía y Guardia Civil, que tenemos más preparación, movilidad, dedicación, peligrosidad y penosidad en nuestro trabajo.
Cumpliremos con nuestro trabajo porque no servimos al Gobierno sino al Estado, no servimos a los políticos sino a los ciudadanos, pero rechazamos que se utilice nuestra muerte en actos de liturgia política en presencia de los medios de comunicación, cuando en la práctica diaria somos despreciados. Un desprecio es mantener una situación de agravio salarial, una carencia de elementales medios que mejorarían nuestra protección y seguridad, pocas garantías jurídicas y pésimas condiciones de trabajo. Sería de agradecer que a los actos de honor y homenaje a los muertos lo siguieran las medidas de apoyo a los que afortunadamente seguimos vivos.
Madrid, 8 de enero de 2009”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario