UPyD Aragón rechaza completamente la actuación del Gobierno de Zaragoza a la hora de establecer los gastos de mobiliario para el edificio Seminario.
UPyD Aragón reprocha la actitud de dejadez de funciones y responsabilidades de los responsables del Ayto. de Zaragoza, y por ende del sr. Alcalde, Don Juan Alberto Belloch y del consejero de urbanismo, Don Carlos Pérez Anadón.
UPyD solicita una explicación coherente y con datos sobre el desmesurado gasto de remodelación del Seminario, que ha pasado de un presupuesto inicial de 50 millones de euros a 85 millones de euros, y en concreto de la mesa de Urbanismo, que según palabras del Primer Teniente Alcalde, el sr. Gimeno “ está considerada como elemento estructural de la sala”.
Si en un primer momento, el sr. Belloch obró en consecuencia con la crisis económica que sufre Aragón anulando la compra de las 36 butacas de diseño italiano, esto no debe quedarse con el mero hecho de anular la compra, sino que el alcalde debe explicar por qué los responsables de compra se permitieron sopesar la idea de la compra con ese elevado precio. Además, nuestra formación política tampoco ve coherente que unos peritos valoren económicamente la mesa, esperando que su decisión sea fijar un precio inferior al contratado. Si esto fuera así, y esta comisión de expertos anunciase que el precio de 180.000€ (iva incluido) es muy superior al mercado, el gobierno de Zaragoza no abonaría el precio de la mesa, y por tanto se acudiría a los tribunales. Lo que se pudieran ahorrar en la mesa se vería incrementado en costas de juicio, abogados e incluso una posible indemnización a los fabricantes. Se deben de exigir verdaderas responsabilidades y se debe actuar en consecuencia.
UPyD Aragón
Si en un primer momento, el sr. Belloch obró en consecuencia con la crisis económica que sufre Aragón anulando la compra de las 36 butacas de diseño italiano, esto no debe quedarse con el mero hecho de anular la compra, sino que el alcalde debe explicar por qué los responsables de compra se permitieron sopesar la idea de la compra con ese elevado precio. Además, nuestra formación política tampoco ve coherente que unos peritos valoren económicamente la mesa, esperando que su decisión sea fijar un precio inferior al contratado. Si esto fuera así, y esta comisión de expertos anunciase que el precio de 180.000€ (iva incluido) es muy superior al mercado, el gobierno de Zaragoza no abonaría el precio de la mesa, y por tanto se acudiría a los tribunales. Lo que se pudieran ahorrar en la mesa se vería incrementado en costas de juicio, abogados e incluso una posible indemnización a los fabricantes. Se deben de exigir verdaderas responsabilidades y se debe actuar en consecuencia.
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